MADRID
El comienzo de la presidencia semestral española de la Unión Europea el pasado 1 de enero es visto en Turquía como una oportunidad para relanzar las negociaciones para el ingreso en la UE, del que España es una firme partidaria, a pesar de los obstáculos que persisten en el proceso.
Con la entrada en vigor el pasado 1 de diciembre del Tratado de Lisbora -tras la aprobación en el referéndum irlandés y la ratificación final de la República Checa-, la estructura interna de la UE ha cambiado y la presidencia europea ya no está sólo en manos del país de turno, sino que existe un presidente -que ahora es el belga Van Rompuy. Sin embargo, la presidencia rotatoria de la Unión Europea aún mantiene la posibilidad de llevar a cabo numerosas iniciativas, y Turquía lleva tiempo esperando que llegase el turno de España para poder dar un nuevo impulso a las negociaciones con Bruselas, que avanzan a un ritmo muy lento a pesar de que la presidencia de Suecia -otro país partidario del ingreso de Turquía- abrise un nuevo capítulo de las negociaciones en diciembre.
Austria, Alemania y Francia son países cuyos gobiernos conservadores tradicionalmente han mantenido posturas muy reacias -cuando no contrarias- a la entrada de Turquía en la UE, proponiendo en su lugar alternativas que no pasasen por su ingreso como miembro de pleno derecho (alternativas que Ankara siempre ha rechazado). Las razones detrás de esta oposición hay que buscarlas en intereses económicos encontrados y sobre todo en clave de política interna, puesto que son países con una importante inmigración turca donde una buena parte del electorado rechaza el ingreso de Turquía por temor a la llegada de una ola de inmigrantes turcos.
En España sin embargo ese rechazo social no existe o es muy minoritario, especialmente con un país con el que a pesar de la diferencia religiosa -sin olvidar que ambos son estados formalmente aconfesionales y laicos- nos unen múltiples lazos culturales, históricos, y cada vez más económicos, además de múltiples similitudes por ser ambas, Turquía y España, dos puntos de tránsito hacia las fronteras naturales de Europa: Asia y África. La cuestión del ingreso de Turquía en la UE tampoco es un arma electoral que se haya usado en campaña electoral en España -como sí ha ocurrido en Francia o Alemania-, ni en los comicios nacionales ni en elecciones al Parlamento Europeo.
Durante una conferencia de prensa el pasado 30 de diciembre, el presidente del gobierno español Jose Luis Rodríguez Zapatero señaló como prioridades de la presidencia española de la UE la revitalización económica y la recuperación del papel internacional de la Unión Europea, en franco declive ante la emergencia de potencias en Asia y América o por su creciente dependencia de otros países (Rusia en materia energética, Estados Unidos en materia de defensa, etc etc). Parte de esta última política pasa por dar más peso a la UE en Oriente Medio y en sus relaciones con el mundo árabe y el Magreb, como forma de contrarrestar la influencia rusa por el Este o la injerencia norteamericana desde el Atlántico. Y España, como muchos otros países y como aseguran numerosos expertos, está convencida de que la consecución de ese objetivo pasa por el ingreso de Turquía en la UE. Cuando Zapatero viajó a Turquía el pasado mes de abril, y en otros discursos públicos hechos en meses posteriores, volvió a reiterar la firme apuesta de España por la adhesión de Turquía, una postura que mantiene también el principal partido de la oposición.
Sin embargo, y a pesar de las buenas y crecientes relaciones que mantienen Turquía y España, hay varios problemas que afronta la UE y que España no tendrá fácil superar por mucho que desee ayudar a Turquía. Algunos de estos obstáculos -especialmente el de la organización institucional tras la ampliación de la UE- parecen haber sido superados tras la aprobación del Tratado de Lisboa, y algunos expertos apuntan a que dicho tratado ha restado argumentos a los que se oponían al ingreso del país euroasiático aludiendo a la imposibilidad de la UE de acoger a nuevos miembros, o al menos a uno de las dimensiones -en todos los sentidos- de Turquía.
Hay otros problemas más inmediatos y que puedan llevar sin embargo a las negociaciones entre Ankara y Bruselas -y quizás a la propia UE- a un callejó sin salida. Hablamos por supuesto del conflicto en Chipre. Durante la última cumbre europea en diciembre pasado, el gobierno grecochipriota amenazó con bloquear seis capítulos de las negociaciones de adhesión si Turquía seguía negándose a abrir sus puertos y aeropuertos a Nicosia. Unido a otros tantos capítulos que siguen bloqueados por Francia -argumentado que abrirlos implicaría la adhesión definitiva de Turquía-, los expertos creen que en el mejor de los casos sólo cuatro o cinco capítulos más de las negociaciones podrían ser abiertos durante la presidencia española de la UE, aunque quizás una cifra más realista y no demasiado pesimista los limitaría a dos.
De ahí la importancia que tiene que las negociaciones para la reunificación de la isla de Chipre lleguen a buen puerto durante 2010, dado que Turquía no está dispuesta a abrir sus puertos y aeropuertos al sur de la isla mientras no se acabe con el aislamiento económico contra los turcochipriotas del norte, tal y como prometió hace años la UE. Si las negociaciones se prolongan más allá de otro año -y cuanto más se prolongan más voces surgen en uno y otro lado de la isla a favor de mantener el actual status quo-, se corre el riesgo de que las negociaciones lleguen a un punto muerto no sólo en Chipre, sino también entre Turquía y la UE, con todo lo que eso implica para todas las partes.
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